Tiranía de la mayoría y democracia

Publicado: febrero 25, 2016 en Uncategorized

por juan e. marcano medina

Dice el filósofo español José Ortega y Gasset que el “principio político democrático” no debe ser confundido con el “principio político liberal”. Ambos principios, afirma Ortega, se refieren a aspectos muy distintos del ejercicio del poder público, advirtiendo que muchas veces queriendo decir democracia hablamos de liberalismo y viceversa, queriendo hablar de liberalismo hablamos de democracia. Respecto a la naturaleza de dicha confusión Ortega nos explica lo siguiente:

“Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: ejerza quienquiera el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste? La respuesta suena así: el poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del estado. Es, pues, la tendencia a limitar la intervención del poder público (…) De esta suerte aparece con suficiente claridad el carácter heterogéneo de ambos principios. Se puede ser muy liberal y nada democrático, o inversamente, muy demócrata y nada liberal…” (Tomo V: El espectador).

 La confusión, observada por Ortega se deriva en parte de que por  poco más de un siglo, los regímenes políticos en Occidente se han desarrollado en “democracias-liberales”, pero de ordinario simplemente se habla de estos sistemas meramente como “democracias”, por lo que muchos ciudadanos que viven bajo este sistema desconocen  que muchos de los valores que se asumen como democráticos son en el fondo valores “liberales” que sus sociedades promueven y que el sistema refuerza.  Las democracias-liberales son sistemas políticos donde; por un lado, se celebran elecciones con regularidad, donde existe el sufragio universal  y se vota libremente, y que por otro lado; también existe la protección de los derechos y libertades (libertad de expresión, derecho a la propiedad, libertad de culto, etc.) de los ciudadanos, gobierna la ley (Estado de Derecho; imperio o gobierno de la ley) y existen mecanismos para evitar el abuso del poder y discrímenes por parte de los que gobiernan y el abuso en general por parte de los individuos hacia otros miembros (individuos o grupos minoritarios) de la sociedad. 

         Para la consecución de la más eficaz protección y resguardo de los derechos y libertades de la ciudadanía normalmente las constituciones de los sistemas políticos democrático-liberales reconocen y salvaguardan los derechos de los individuos, también establecen el mecanismo de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para así evitar que el poder político se concentre en manos de una sola persona o grupo y se establecen barreras contra el abuso del poder por parte de una de las ramas de gobierno implantando lo que se conoce como “un mecanismo de pesos y contrapesos entre los poderes”.   

               A esto que describimos en los dos párrafos anteriores  también se le llama en el pensamiento político, “liberalismo-constitucional”; un conjunto de principios políticos que posee una  constitución liberal como primer instrumento de los ciudadanos para poner límites a los gobernantes y a los propios ciudadanos en general.   

              Ninguna constitución política es perfecta; ningún gobierno que pone en marcha dicha constitución hace su trajo a la perfección y ningún cuerpo político (colectividad política o pueblo) sigue tampoco su constitución al pie de la letra puesto que toda constitución se hace o se crea, en parte,  con el fin de asegurar y promover un estilo o forma de convivencia pública que no necesariamente coincide totalmente con los estilos y formas de ver la vida a nivel socio-cultural de todos los ciudadanos.  

                 Por ende, toda constitución de naturaleza liberal-democrática persigue que la ciudadanía posea una serie de cualidades y actitudes cívicas que estén acordes con los postulados y principios de la democracia-liberal. Es decir, este tipo de sistema político precisa de un grupo de ciudadanos con “una cultura política” que sostenga el estilo de vida cívica democrático-liberal. Ello significa que esta ciudadanía debe poseer costumbres, tradiciones y valores cívico-políticos propios de este estilo de convivencia, tales como: respeto por los derechos y libertades de los demás ciudadanos, la creencia en que todos los seres humanos son iguales y poseen unos derechos y dignidad inviolables, tolerancia hacia las diferencias y vida de los demás y los ideales propios del método democrático: respeto a al sistema de elección democrático, al derecho al voto y al principio de la mayoría como legitimador de muchas de las decisiones que se toman bajo este sistema.   

                    Ahora bien, una vez considerada la naturaleza del sistema democrático liberal de forma general, debemos examinar la noción de “autoridad política”, su relación con las prácticas democráticas y su función dentro de una sociedad supuesta a promover la cultura política liberal-democrática. Tal como advierte Ortega, la confusión o error de apreciación sobre lo que el liberalismo y la democracia significan implica tambien el no reconocer la diferencia cualitativa entre estos dos principios políticos y por ende, ello a su vez implica una visión equivoca respecto a las limitaciones de la autoridad pública que el pueblo o la mayoría posee a la hora de tomar decisiones. Esta confusión tiene una enorme consecuencia en la praxis política; es a dicha consecuencia negativa a lo cual  nos referimos en el título de este escrito como, la tiranía de la mayoría.  Veamos:   

               Como bien sabemos, el principio democrático, tiene su origen en la antigua Grecia. En Atenas el ejercicio del poder público y por ende, la autoridad política correspondía a la colectividad de los ciudadanos reunidos en asamblea; lo que hoy conocemos como una democracia directa (o pura). Queda clara la respuesta que los atenienses dieron a la primera pregunta que Ortega formula, sobre quién debe ejercer el poder público; para ellos, “el pueblo”.   Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta que los atenienses dieron a la segunda pregunta de Ortega sobre cuáles deben ser los límites del poder político? La respuesta de estos a la pregunta era “que el poder político no poseía límite alguno”. Es por ello que Aristóteles reconocía lo fácil que este tipo de sistema de democracia directa  degenera y se convierte en lo que este llamaba una tiranía.    

             Tirano es aquel que ejerce su poder arbitrariamente, sin ninguna norma que estandarice su proceder o sus decisiones. La asamblea democrática ateniense fue, precisamente, la que decidió por mayoría sentenciar a muerte al famoso filósofo, Sócrates. Y fue una masa de judíos en Jerusalén la que le pidió a Pilatos que crucificara a Jesús. Justamente, fue el comportamiento tiránico lo que llevó a la democracia ateniense al colapso. En efecto fueron y han sido tantos los abusos de poder que la muchedumbre que decidía únicamente mediante el voto de la mayoría que la propia palabra democracia quedó por mucho tiempo significando, el “gobierno de las turbas”. 

           Por su parte el liberalismo político es una corriente política que nace en la época moderna y que tardó unos cuantos siglos en desarrollarse. La idea de que el poder político debe ser limitado comenzó con la opinión de que la autoridad de los monarcas debía ser limitada por la ley y por la noción de que todos los seres humanos son iguales y que poseen unos derechos que son inalienables. Y sin embargo, por mucho tiempo no existió en los países europeos que tendian hacia el liberalismo y en en los Estados Unidos que fundamentaron su sistema de gobierno sobre la doctrina liberal, tal cosa como el sufragio universal. Hasta hace poco tiempo simplemente  no se le permitía participar en la política a todo mundo. Resulta claro, pues , que la preocupación política de poner límites y barreras a los que gobiernan para que no pisoteen los derechos de los ciudadanos es una preocupación que no siempre ha ido de la mano con elecciones, con los votos y con las doctrinas democraticas.         

         Hoy día, sin embargo, en nuestro sistema politico, asi como en las demas naciones democráticas-liberales del mundo, parece que el voto se ha convertido en el instrumento por excelencia para la promoción y éxito de los valores democráticos y liberales, a pesar de que sabemos que el voto por si mismo  no asegura que el resultado de las decisiones sea democrático-liberal. Porque como advierte Ortega, las deciones podrían ser muy democráticas pero poco o nada liberales. El voto, solo asegura que hay cierto grado de decocracia a la hora de decidir ciertas cosas, pero no estabelce para nada que el proceso de toma de decisiones se da sobre una base “liberal”. En otras palabras,  los valores propios del sistema liberal-democrático ( y en especial de el aspecto liberal de dicho sistema)  no se realizan únicamente a través del voto del ciudadano, sino que requiere que estén en pie otras condiciones y garantías de naturaleza liberal dentro del sistema y sociedad. Dichas condiciones y garantíastales se pueden resumir de la siguiente manera: participación de las minorías en la toma de decisiones y en el gobierno para que puedan controlar o al menos fiscalizar a la mayoría, respeto hacia las minorías y la plena vigencia de las libertades y derechos de todos ciudadanos. Si mientras el principio democrático legitima el poder del pueblo y  el liberalismo, por su parte,  crea el principio político que exige el que todo poder político, sea el del rey o el de la aristocracia, este limitado por la ley y por los derechos del ciudadano, la democracia-liberal no puede permitir entonces que el poder (democratico ) de la mayoría sea utilizado abusibamente y menos que este se convierta en una tiranía donde se heche a un lado o se abandone  el principio liberal. 

                  Por supuesto, el principio de la mayoría, la ley del número mayor de votos, el cual establece la elección entre diversas opciones políticas a través del voto, es una condición necesaria para la existencia de la democracia pero ello no lo puede ser todo y no debe ser considerada como lo único que determina el resultado de la deliberación política. La mayoría solamente viene a representar la opinión del grupo mayoritario que acudió a votar, pero no puede siempre ser el único factor que determine las decisiones que toma el cuerpo político simplemente porque hay decisiones que al atentar contra los derechos y libertades de (algunos) ciudadanos resultan en determinaciones de naturaleza tiránica.  Recordemos, por ejemplo, que el partido nacional-socialista alemán (el partido nazi)  ascendió al poder en Alemania a través de elecciones democráticas y que Adolfo Hitler fue electo como dictador por medio de un plebiscito que le otorgó la victoria con casi un 90% de los votos.  

               Resulta claro entonces que una democracia donde el poder político del pueblo carezca de los límites que impone el principio liberal a la llamada soberanía popular puede, sin lugar a dudas, ser totalitaria y/o tiránica; es decir el poder del pueblo se puede convertir en uno ilimitado, invasor de la intimidad personal, excesivo y trasgresor de los derechos más elementales y de las garantías individuales que todo ciudadano debería tener en una sociedad civilizada.    

             Por ello la teoría política, las prácticas y las constituciones que optan por una visión más liberal del principio democrático consideran que las elecciones y el voto deben ser vistas tan sólo como un procedimiento o método de carácter técnico para resolver controversias entre posiciones políticas en conflicto sin que se tenga que recurrir a la violencia. Se intenta, por ende, a través de este procedimiento evitar la violencia y promover el diálogo y el consenso; consenso y diálogo que solamente se hace posible cuando los ciudadanos entienden que todas las personas poseen unas libertades que deben ser respetados y unos derecho que no pueden ser violentado. Por ello la fórmula política que mejor se acerca a la consecución de esta meta es el liberalismo-democrático: un sistema, que como dijimos, integra la soberanía popular a la máxima de la limitación del poder a través de la obediencia a la ley suprema o a una constitución donde este poder político queda restringido y delimitado por una serie de reglas, normas y principios que constituyen los que hoy conocemos como el “Estado de Derecho”. Es así que la voluntad de la mayoría, los gobernantes electos por estas mayorías y las decisiones que estos toman quedan sometidas a un sistemas de reglas preestablecidas que obligan a todos, a las mayorías y a las minorías, es decir a todos los que conforman el llamado pueblo. ‘

                El poder político ilimitado, cualquiera que lo ejerza constituye una especie de autoritarismo que fácilmente se convierte en absolutismoo totalitarismo. Una democracia donde no se establecen límites al poder es simplemente una dictadura o una tiranía porque atenta contra el principio de libertad política que es la base de cualquier sistema político que se haga llamar realmente democrático y libre.  Nuevamente, Ortega y Gasset advierte muy claramente el peligro de que un pueblo posea un espiritu o fervor muy democratico sin una dosis igualmente fervorosa de liberalismo. Veamos:

“El Poder público tiende siempre y dondequiera a no reconocer límite alguno. Es indiferente que se halle en una sola mano o en las de todos. Sería, pues, el más inocente error creer que a fuerza de democracia esquivamos el absolutismo. Todo lo contrario. No hay autocracia más feroz que la difusa e irresponsable del demos. Por eso, el que es verdaderamente liberal mira con recelo y cautela sus propios fervores democráticos y, por decir así, se limita a sí mismo”
Un pueblo que no posea una cul tura  política liberal o que no entienda lo que es realmente el liberalismo esta destinado a ejercer su poder de manera tiránica. La soberanía popular no puede ser entendida meramente como el arbitrio de la multitud. Lo único que preserva los derechos y libertades de la ciudadanía es la ley, no el principio democrático; porque estos derechos y libertades están protegidos por una constitución en virtud del principio liberal y no necesariamente en virtud de la democracia. El Estado de Derecho-liberal-democrático es el poder de las normas preestablecidas, es el poder sometido a la racionalidad de los preceptos liberales; es el poder sujeto a la ley y no al capricho de la multitud o de los seudo-líderes que suelen manipular al pueblo como ocurre con los demagogos en el  sistema político de Puerto Rico.

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